El Gobierno analiza eliminar el impuesto al "lujo" en los autos: cómo impactaría en el precio de los 0km
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El Gobierno Nacional se encuentra estudiando seriamente la eliminación de los impuestos internos a los automóviles, conocidos popularmente como el "impuesto al lujo". Esta medida, que forma parte de la agenda de desregulación económica impulsada por la administración de Javier Milei, busca dinamizar una industria que, si bien ha mostrado signos de recuperación en los últimos meses, todavía opera con trabas impositivas que encarecen los vehículos y distorsionan la oferta. Actualmente, el tributo grava con alícuotas del 20% y el 35% a los autos que superan ciertos montos de precio mayorista, afectando no solo a los vehículos de alta gama, sino también a muchos modelos de gama media y producción nacional.
La posible derogación de este gravamen tendría un impacto directo en las listas de precios de las concesionarias. Hoy en día, el impuesto genera un fenómeno conocido como "topeo", donde las automotrices mantienen artificialmente los precios de distintos modelos justo por debajo del límite imponible para evitar que el valor al público se dispare. Esto provoca situaciones insólitas donde un auto base cuesta lo mismo que uno full, o donde hay faltantes de stock de las versiones más equipadas. Si se elimina el impuesto, se espera que los precios de los autos de gama alta bajen considerablemente, mientras que los segmentos medios podrían reacomodarse al alza o estabilizarse, pero con una escala de precios lógica y escalonada según el equipamiento.
Desde la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) ven con buenos ojos la iniciativa, ya que es un reclamo histórico del sector para ganar competitividad y previsibilidad. Si bien todavía no hay una fecha confirmada para la implementación de la medida, las fuentes oficiales sugieren que podría concretarse a principios de 2026 o incluso antes, dependiendo de la evolución de la recaudación fiscal. El objetivo final es que el mercado automotor argentino se rija por la oferta y la demanda genuina, eliminando las distorsiones estatales que hoy complican tanto a los fabricantes como a los compradores.
