El Senado paraguayo aprobó por unanimidad la destitución de Santiago Peña y asume su vice Pedro Alliana

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En el marco de la crisis política en Paraguay, la Cámara de Senadores condenó al ahora ex presidente Santiago Peña en una votación que terminó con 44 votos a favor de la destitución. El Congreso halló culpable de mal desempeño por su vínculo con el colapso del banco digital ueno, la entidad que desató la peor crisis financiera del país en más de una década.

Tras dejar de lado el debate y cofirmar las sentencia del ex mandatario, el Congreso Bicameral anunció la asunción de Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, ahora exvicepresidente de Peña, como el nuevo presidente paraguayo. Este completaría el mandato presidencial iniciado en 2023.

Peña había presentado su renuncia el jueves tras perder el respaldo de su partido, pero el Senado no la aceptó y avanzó con la destitución. La renuncia le habría garantizado una banca vitalicia con inmunidad parlamentaria, mientras que la condena por juicio político lo deja expuesto a causas penales.

La defensa de Santiago Peña cuestionó las acusaciones

El abogado Ricardo Preda, representante legal de Santiago Peña, reconoció que, además de trabajar para distintas empresas, también presta servicios profesionales al Grupo Vázquez. Durante su exposición, negó tener conocimiento de un pagaré mencionado en la acusación y cuestionó los elementos probatorios presentados por los diputados. Según sostuvo, las declaraciones de los legisladores no reflejan el desempeño del mandatario ni demuestran una participación directa en las presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank.

Por su parte, el abogado Adolfo Ferreiro cuestionó la legitimidad del procedimiento y comparó el juicio político con las prácticas de un gobierno totalitario. El letrado también puso en duda que el Congreso pudiera continuar con el proceso luego de que Peña presentara su renuncia, que finalmente no fue aceptada.

El diputado liberal Freddy Franco acusó a Santiago Peña de haber facilitado contactos y gestiones para que representantes vinculados a Ueno Bank pudieran abrir empresas en Hungría. Según sostuvo durante su exposición ante el Senado, esas sociedades habrían servido para destinar recursos que calificó como “robados”.

Ahora, con 39 votos en contra, le concedió apenas 30 minutos para presentarse. Peña no acudió al recinto, pero sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda llegaron para asumir su representación.

Denunciaron irregularidades en los plazos y las condiciones del procedimiento. "Existen violaciones básicas del debido proceso, entre ellas el plazo", sostuvo Preda. Comparó los tiempos concedidos a Peña con antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y cuestionó la posibilidad de preparar una respuesta con la documentación recibida pocas horas antes.

 

 

"Claramente hubo crisis de un banco", reconoció, aunque diferenció esa situación de las responsabilidades que la acusación pretende. "Este libelo no trae ninguna prueba. Recórranlo buscando elementos. No hay", afirmó.

Por su parte, Ferreiro centró parte de su exposición en la renuncia presentada por el mandatario. "El requisito para el juicio político es ser funcionario. Cesa cuando el funcionario renuncia", argumentó. Y utilizó una comparación para reforzar su planteo: "Es como demandar a un señor que ya te pagó. Él renuncia a sus privilegios y se somete".

 

De qué acusan a Santiago Peña y qué papel tiene Ueno Bank

El punto de partida de la acusación es la crisis de Ueno Bank, una entidad financiera ligada al Grupo Vázquez, en la que Peña tuvo participación accionaria antes de llegar a la Presidencia.

Su libelo acusatorio reúne los cuestionamientos en cinco ejes. El primero investiga un presunto conflicto de intereses, la utilización del aparato estatal en beneficio de determinados sectores y el debilitamiento de los controles sobre las llamadas "puertas giratorias". Otro capítulo apunta a una supuesta manipulación de las reglas financieras y el manejo de los fondos jubilatorios. En particular, se cuestionan las operaciones del Instituto de Previsión Social (IPS) con Ueno Bank y si las colocaciones de dinero respetaron los límites y las condiciones que establece la normativa.

A su vez, también busca los límites de financiamiento de Ueno Bank y el papel del Banco Central del Paraguay. Los legisladores sospechan que la entidad financiera habría superado los topes crediticios permitidos y apuntan a un posible encubrimiento por parte del organismo encargado de supervisar y controlar el sistema bancario.

También incluye sospechas de beneficios patrimoniales indebidos y posibles indicios de enriquecimiento ilícito. A ese planteo se suma la preocupación por el impacto de la crisis sobre la credibilidad del sistema financiero paraguayo y el riesgo de que los problemas de una entidad terminen repercutiendo en otras instituciones y en la economía en general.

 

Entre los montos mencionados por los legisladores aparecen US$860 millones cuya presunta desaparición forma parte de las denuncias, de los cuales US$350 millones corresponderían a ahorros previsionales.