“Reclamamos que se garantice a todos los usuarios domiciliarios un mínimo de consumo indispensable para la vida digna, para que la gente pueda vivir sin la angustia del corte total, sobre todo para las familias con niños, adultos mayores, enfermos, con personas con discapacidad o para los que menos tienen. Las deudas de los servicios públicos se acumulan y la gente no puede pagarlas”, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.

En su planteo, el organismo definió este mínimo de consumo en dos bloques de tarifa social, beneficio económico que de todas formas criticó por exiguo, sobre todo luego de las modificaciones que le introdujo el gobierno nacional.

La posición de la Defensoría se basa en que en el primer trimestre de 2018 los reclamos que recibió por los aumentos de los servicios públicos crecieron un 82% respecto al mismo periodo de 2016, cuando comenzó a sentirse el impacto de los nuevos cuadros tarifarios. En tanto, los que tienen que ver con la tarifa social subieron más de 92% en estos dos años.

“Planteamos un piso de derechos igualitario, mínimo, que garantice la dignidad humana, para que la gente que no pueda pagar por estrictas razones económicas pueda mantener la provisión de este servicio elemental, tal como está garantizado constitucionalmente”, puntualizó Lorenzino.