El Gobierno definió la "letra chica" de la reforma laboral y acelera las negociaciones para aprobarla en el Congreso

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Tras semanas de borradores técnicos y revisiones legales, la Casa Rosada ha dado por finalizada la redacción del capítulo laboral que integrará el paquete de leyes a tratar en las próximas sesiones extraordinarias. Con el texto definitivo ya cerrado, la estrategia oficial gira ahora 180 grados para concentrarse exclusivamente en la ingeniería política: el oficialismo necesita blindar los apoyos legislativos, por lo que intensificará los contactos con los bloques del PRO, la UCR y los sectores federales "dialoguistas" para asegurar el número necesario en la Cámara de Diputados y evitar sorpresas en el recinto.

Entre los puntos más destacados y controversiales de la iniciativa, se confirma la implementación de un "Fondo de Cese Laboral" optativo por convenio —inspirado en el modelo de la UOCRA— que permitiría reemplazar al sistema tradicional de indemnizaciones mediante un aporte mensual. Además, el proyecto contempla una extensión significativa del período de prueba para los nuevos empleados, que pasaría de los tres meses actuales a ocho, y la eliminación de las multas por trabajo no registrado, medidas que el Ejecutivo considera vitales para desincentivar la "industria del juicio" y fomentar la contratación formal en el sector privado.

La presentación inminente de este articulado promete abrir un nuevo frente de conflicto con la CGT y la oposición dura, quienes ya han adelantado su rechazo a cualquier intento de flexibilización de derechos adquiridos. Sin embargo, para la administración de Javier Milei, esta reforma es considerada la "madre de todas las batallas" para modernizar el mercado de trabajo y reactivar el empleo genuino, por lo que están dispuestos a jugar fuerte en la negociación, confiando en que el consenso con los gobernadores será la llave maestra para destrabar la sanción de la ley antes de fin de año.