Reforma laboral: cuáles son las multas e impuestos que el Gobierno busca eliminar para terminar con la "industria del juicio"

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El proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno Nacional tiene como uno de sus ejes centrales la eliminación de diversas multas y penalidades que actualmente encarecen exponencialmente las indemnizaciones por despido. La iniciativa apunta específicamente a derogar los artículos de la Ley Nacional de Empleo (24.013) y la Ley 25.323 que establecen sanciones económicas duplicadas o agravadas para los empleadores en casos de trabajo no registrado ("en negro") o de registración deficiente, como fechas de ingreso falsas o salarios asentados por debajo del monto real percibido.

Según el diagnóstico del equipo económico y de los expertos que redactaron la norma, estas multas son el principal combustible de la denominada "industria del juicio". Argumentan que, al sumar estos recargos punitorios, las demandas laborales alcanzan montos exorbitantes que muchas veces llevan a la quiebra a las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), generando un temor paralizante a la hora de contratar nuevo personal. Al eliminar estos conceptos, el Gobierno busca otorgar previsibilidad a los costos de salida, asegurando que el empleador solo deba abonar la indemnización por antigüedad y preaviso estipulada en la Ley de Contrato de Trabajo, sin los extras que hoy multiplican la cifra final.

Complementariamente a esta "limpieza legislativa", el paquete incluye un amplio plan de regularización o "blanqueo" laboral. Este esquema permitirá que las empresas registren a sus trabajadores informales extinguiendo la acción penal y condonando la deuda por capital e intereses de los aportes y contribuciones patronales impagos. Además, se daría de baja a los empleadores del Registro de Sanciones Laborales (REPSAL), ofreciendo una suerte de "borrón y cuenta nueva" para que el sector privado pueda formalizar sus plantillas sin enfrentar el pasivo contingente acumulado de años anteriores.