Cristina Kirchner anunció que llevará a la ONU su condena por la causa Vialidad

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Cristina Kirchner anunció este miércoles que presentó una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena por la causa Vialidad que la inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos. La exmandataria difundió una columna de opinión publicada en forma simultánea por medios internacionales, entre ellos El País de España, Libération de Francia y Folha de S. Paulo de Brasil, en la que defendió su inocencia y denunció una persecución judicial.

La expresidenta, que cumple arresto domiciliario en Buenos Aires tras ser condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sostuvo que su caso representa un ejemplo de "proscripción" política y advirtió sobre el papel del Poder Judicial en las democracias.

"Cuando la Justicia deja de actuar como garante de los derechos fundamentales y comienza a interferir en la disputa política, la democracia se vacía de contenido", afirmó al inicio de su artículo.

Kirchner calificó su inhabilitación perpetua como "una de las formas más sofisticadas de erosión democrática de nuestro tiempo" y aseguró que, aunque las instituciones continúan funcionando formalmente, "el espacio de la soberanía popular va siendo sustituido por decisiones judiciales que terminan definiendo quién puede o no participar en la disputa política".

La publicación de la columna coincidió con una conferencia de prensa en la que su equipo de defensa formalizó la presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Según los abogados de la exmandataria, el proceso judicial vulneró garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado ratificado por la Argentina.

"No se trata de recurrir a una instancia internacional por mera disconformidad con decisiones judiciales. Se trata de someter al escrutinio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos la actuación de quienes condujeron mi juzgamiento", sostuvo la exjefa de Estado.

En el texto también afirmó que el proceso estuvo "marcado por arbitrariedades incompatibles con los principios del debido proceso legal" y por "un ambiente de hostilidad que también expresa el machismo estructural todavía presente en sectores del sistema de justicia argentino".

Kirchner amplió ese planteo al sostener que el caso excede su situación personal y afecta el derecho de los ciudadanos a elegir libremente a sus representantes. "No se trata solamente de la persecución contra la única mujer electa y reelecta para ejercer la Presidencia de la Nación Argentina. Se trata del intento de excluir de la vida política a una dirigente elegida democráticamente por millones de ciudadanos", expresó.

La estrategia internacional de la defensa incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, integrante del equipo legal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y al exjuez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Javier Borrego. Ambos participaron de la conferencia de prensa junto al abogado Alberto Beraldi.

En otro tramo de la columna, la expresidenta aseguró que no busca "privilegios ni excepciones", sino "un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino".

Kirchner fue condenada por el Tribunal Oral Federal N.º 2 en la causa Vialidad por administración fraudulenta en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024 y quedó firme el 10 de junio de 2025, cuando la Corte Suprema rechazó los recursos extraordinarios de las defensas. Posteriormente, el 2 de julio de 2026, el máximo tribunal dejó firme el decomiso de $684.990 millones dispuesto contra la exmandataria, el empresario Lázaro Báez y los demás condenados.

En el cierre de su artículo, Kirchner recordó el intento de magnicidio del 1 de septiembre de 2022, al que definió como "un episodio de extrema gravedad que puso en riesgo mi vida y evidenció hasta qué punto la violencia política puede amenazar la convivencia democrática".

"Continuaré defendiendo mi inocencia con todos los instrumentos que el Estado de Derecho pone a disposición de los ciudadanos. Lo hago por mí, pero también por todos aquellos que creen que ninguna democracia permanece íntegra cuando la Justicia deja de proteger derechos para decidir el destino de la política", concluyó.

El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra e integrado por 18 expertos independientes, deberá analizar en una primera instancia la admisibilidad de la presentación. Si considera que reúne los requisitos formales, podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir un pronunciamiento sobre el fondo del reclamo.

 

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