Un juez frenó el decreto del Gobierno que suspendía la Ley de Financiamiento Universitario

Compartir Tweet

Un juez federal argentino detuvo este martes la aplicación del decreto del Poder Ejecutivo (el DNU 759/2025) que había suspendido la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente (Ley 27.795), mediante una **medida cautelar otorgada en el marco de una acción judicial colectiva.

La decisión fue tomada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11, Martín Cormick, quien hizo lugar al reclamo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras entidades universitarias. El juez consideró que el decreto que suspendía la ejecución de la ley —a pesar de haber sido sancionada e insistida por el Congreso— presentaba “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta” y ordenó que el Estado Nacional cumpla de inmediato con los artículos 5° y 6° de la ley, referidos a la actualización de salarios docentes y no docentes y al **ajuste de becas estudiantiles conforme a la inflación.

El decreto había sido dictado por el Poder Ejecutivo con el argumento de que la norma no especificaba de forma explícita las fuentes de financiamiento. Sin embargo, el juez entendió que ese fundamento no era suficiente para justificar la suspensión de una ley que fue insistida y promulgada tras el rechazo presidencial inicial, y que la misma debía **aplicarse mientras se resuelve el fondo del caso.

La cautelar ordena la efectiva aplicación de la ley, en particular en lo que respecta a la recomposición salarial y la actualización de las becas universitarias, hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la controversia legal.

El fallo subraya que la interrupción de la aplicación del financiamiento afectaba derechos constitucionales vinculados a la educación y al trabajo, y que su suspensión podría generar perjuicios concretos, por lo que resultaba necesario garantizar inmediatamente la vigencia de los artículos cuestionados. 

La medida cautelar no es definitiva y permanecerá vigente hasta que el tribunal se expida sobre el fondo de la demanda, pero constituye una victoria judicial para las universidades y organizaciones que promovieron el amparo y un revés jurídico al intento del Ejecutivo de frenar la entrada en vigencia de una ley aprobada e insistida por el Congreso.