El Gobierno Nacional ultima los detalles para poner en marcha, a partir de enero de 2026, un cambio radical en la forma en que el Estado subsidia los servicios públicos de energía. La Secretaría de Energía dejará atrás el esquema de segmentación por niveles de ingresos (N1, N2 y N3) vigente hasta ahora, para dar paso a un nuevo modelo basado en la "Canasta Básica Energética" (CBE). Este sistema busca focalizar la asistencia exclusivamente en los hogares vulnerables, eliminando los subsidios generalizados a la oferta para pasar a subsidiar directamente la demanda.
El corazón de la nueva propuesta radica en cruzar los ingresos totales del grupo familiar con el costo de un consumo "razonable" de luz y gas, el cual será determinado según la zona bioclimática del país y la cantidad de integrantes del hogar. La ayuda estatal se activará únicamente cuando el precio de esa canasta básica de servicios supere un porcentaje determinado de los ingresos del hogar (se estima que sería el 10%). En ese caso, el Estado cubrirá solo la diferencia, obligando al usuario a racionalizar su consumo, ya que todo excedente por fuera de esa canasta se pagará a tarifa plena.
Este reordenamiento incluye también un capítulo especial para el Gas Licuado de Petróleo (GLP) o garrafas, un insumo crítico para los sectores de menores recursos que no cuentan con red de gas natural. El plan contempla reemplazar los cupos y precios máximos actuales por una transferencia directa o descuento automático a los beneficiarios que califiquen dentro del Programa Hogar, buscando que el subsidio llegue efectivamente al usuario final y no se pierda en la cadena de distribución. Con esta medida, el equipo económico busca consolidar el superávit fiscal reduciendo el gasto en subsidios, al tiempo que se sinceran los precios de la energía para incentivar la inversión.