El juicio oral por la Causa Cuadernos ha entrado en una etapa decisiva, centrando su atención en la logística utilizada para el presunto traslado de fondos ilícitos. Las recientes audiencias ante el Tribunal Oral Federal 7 han puesto el foco en la utilización de la flota aérea presidencial, específicamente el Tango 01 y el Tango 03, durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner. La fiscalía busca reconstruir minuciosamente cómo se realizaban los viajes hacia Río Gallegos y El Calafate, sospechados de ser la vía principal para mover el dinero físico recaudado de las coimas de la obra pública.
Los testimonios de ex pilotos, comisarios de a bordo y personal de la Casa Militar han aportado detalles reveladores sobre el manejo del equipaje en dichos vuelos. Según las declaraciones incorporadas al expediente, era frecuente el transporte de valijas y bolsos que eludían los controles de escáner habituales en la base aérea y que eran cargados con una particularidad distintiva: llevaban candados o precintos de seguridad. Estos bultos, descritos a menudo como inusualmente pesados, eran custodiados celosamente por los secretarios privados de los mandatarios, como el fallecido Daniel Muñoz, quienes impedían que la tripulación o terceros tuvieran contacto con ellos.
La estrategia de la acusación es demostrar que esta operatoria no era ajena al conocimiento de la ex presidenta, sino parte de un esquema sistemático y verticalista. Se indaga sobre la presencia física de Cristina Kirchner en los vuelos donde se realizaban estos traslados y su interacción con los colaboradores encargados de la logística. La hipótesis judicial sostiene que el uso de los aviones oficiales fue un engranaje clave de la asociación ilícita para mover el efectivo desde la Ciudad de Buenos Aires hacia las residencias privadas y bóvedas de la familia Kirchner en el sur, lejos de los controles del sistema financiero.
A medida que se suceden las declaraciones, el tribunal intenta establecer la regularidad de estos viajes y si existieron órdenes directas para omitir los protocolos de seguridad aeroportuaria. Mientras las defensas insisten en la inexistencia de delito y cuestionan la credibilidad de los testigos, la incorporación de los registros de vuelo y los relatos del personal aeronáutico buscan cerrar el círculo sobre cómo se movía la recaudación ilegal, apuntando a la responsabilidad de la cúpula del gobierno de entonces.