La causa que investiga la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha puesto el foco en una serie de financieras y "cuevas" del microcentro porteño. La Justicia sospecha que estas entidades fueron utilizadas por los gestores y funcionarios implicados para canalizar y blanquear el dinero de las coimas que cobraban para tramitar pensiones por invalidez de forma fraudulenta.
La hipótesis principal de los investigadores es que la organización delictiva captaba a personas que no cumplían los requisitos para acceder a una pensión, a quienes les cobraban un porcentaje del primer haber que percibían, que solía ser un monto elevado por el pago retroactivo. Ese dinero, recaudado en efectivo, habría sido introducido luego en el circuito legal a través de estas financieras.
La investigación, a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, ha ordenado una serie de medidas para rastrear la ruta del dinero. Se están analizando las operaciones de las financieras sospechosas, cruzando datos y buscando identificar a los responsables de llevar los fondos ilícitos.
Este nuevo capítulo de la causa busca desentrañar el entramado financiero que daba soporte a la estafa, que según las estimaciones preliminares podría haberle costado al Estado cientos de millones de pesos. El objetivo es no solo identificar a los funcionarios y gestores que armaron el fraude, sino también a quienes les brindaron la estructura para lavar los activos.