Los senadores cobrarán más de $13 millones mientras el sueldo mínimo no alcanza la canasta básica

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Mientras en una de las alas del Congreso se discute cómo hacer para que un sueldo mínimo alcance para comer, en el Senado la realidad corre por una vía completamente paralela. Un nuevo acuerdo sellado entre las autoridades parlamentarias y los gremios legislativos disparó un ajuste automático que llevará las dietas de los miembros de la Cámara Alta a superar los 13.100.000 pesos brutos a partir de enero de 2027. Una cifra que marca un abismo gigante con los ingresos del ciudadano común.

Este salto multimillonario no requiere un nuevo debate en el recinto, sino que se justifica directamente por el pacto que el Gobierno cerró con los empleados estatales. La fórmula traslada al bolsillo de los senadores los mismos incrementos acordados para los trabajadores del sector público, aunque sin contemplar los bonos extra: se trata de un esquema escalonado que suma 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, acumulando un alza cercana al 7% para el último cuatrimestre del año.

Cada legislador percibe 2.500 módulos de base, a los que se le suman 1.000 más por gastos de representación y otros 500 por desarraigo, coronados por la reciente incorporación de una decimotercera dieta para equiparar el aguinaldo. La única dirigente que quedó fuera de este esquema es Alicia Kirchner, quien al asumir su banca optó por renunciar a este ingreso parlamentario para mantener su jubilación como ex gobernadora de Santa Cruz.

La maniobra reaviva el fantasma del escándalo de 2024, cuando los legisladores votaron a mano alzada atar sus propios ingresos a la paritaria de los empleados del Congreso. Si bien el revuelo de aquel momento los obligó a retroceder, a frenar una suba conjunta promovida por Victoria Villarruel y Martín Menem, y a votar por unanimidad el congelamiento de sus dietas hasta finales de 2025, ese freno legislativo finalmente quedó en la nada y el mecanismo de actualización volvió a encenderse.

Para intentar amortiguar el impacto político de esta nueva escalada, algunos sectores del oficialismo salieron a despegarse del cobro. Desde la bancada referenciada en Patricia Bullrich anunciaron que mantendrán la tesitura de donar la diferencia del aumento a entidades benéficas o instituciones públicas provinciales, una iniciativa en sintonía con la propuesta de la propia Villarruel, quien tiempo atrás había sugerido derivar esos fondos a centros de salud como el Hospital Gutiérrez.

El otro extremo: la pelea por el piso salarial

A pocos metros de donde se validan las dietas de 13 millones de pesos, la Cámara de Diputados recibió un proyecto que expone la crudeza de la crisis económica en la calle. Un grupo de legisladores encabezado por Varinia Lis Marín presentó una iniciativa para modificar la legislación laboral y garantizar que ningún sueldo mínimo de jornada completa quede por debajo de la Canasta Básica Total (CBT) estipulada por el INDEC para una familia tipo del Gran Buenos Aires.

Los números que motivaron la redacción de este expediente reflejan una brecha alarmante. Mientras el esquema actual dejó el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) de agosto de 2026 estancado en 376.600 pesos (lo que equivale a 1.883 pesos la hora), el costo de vida para que un hogar de cuatro integrantes no caiga en la pobreza escaló a 1.531.472 pesos. Es decir, en la Argentina de hoy se necesitan más de cuatro sueldos básicos para cubrir las necesidades fundamentales.

El texto, que ya fue girado a la comisión de Legislación del Trabajo, no exige un aumento porcentual fijo ni establece un monto arbitrario sacado de la galera. Lo que busca es modificar de raíz el artículo 140 de la Ley 24.013 para cambiar la regla de juego: atar el piso salarial directamente a la evolución del costo de vida oficial, fijando un límite legal para que los trabajadores formales puedan, al menos, empatarle a la canasta básica.